El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas declaró hoy su preocupación frente a toda manifestación o medida que pudiera interpretarse como un condicionamiento institucional o presupuestario hacia las Universidades Nacionales en el marco del ejercicio de su autonomía y del desarrollo de conflictos gremiales legítimos.
Además, exigió el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en virtud de que el derecho a enseñar y aprender exige condiciones materiales adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas de las Universidades Nacionales.
El órgano de gobierno de la Facultad puso de manifiesto su compromiso irrestricto con la defensa de la UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA, LAICA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD, entendida como Derecho Humano, bien público social y pilar fundamental de la democracia argentina.
En los fundamentos de la iniciativa, las consejeras y los consejeros dejaron sentado que la Universidad Pública Argentina constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático nacional y que la autonomía universitaria y el cogobierno son principios constitutivos del sistema universitario argentino, garantizando la capacidad de las Universidades Nacionales para definir sus políticas académicas, institucionales y administrativas sin injerencias externas.
Añadieron que las Universidades Nacionales no deben ser concebidas desde una lógica administrativa o de prestación de servicios, sino como comunidades democráticas de enseñanza, investigación y extensión comprometidas con la producción de conocimiento, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática del país.
En ese sentido, manifestaron que el derecho de huelga y la libertad sindical se encuentran garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Y agregaron que las medidas gremiales impulsadas por la docencia universitaria y preuniversitaria y el sector nodocente de las Universidades Nacionales se desarrollan en el marco de un profundo deterioro salarial y presupuestario que afecta gravemente las condiciones materiales de enseñanza, investigación y extensión, así como el funcionamiento institucional de las universidades públicas de todo el país.
En ese marco, consideraron preocupante el pronunciamiento de discursos oficiales que caracterizan las medidas de fuerza como un supuesto “abuso del derecho de huelga”, ya que el sostenimiento efectivo del derecho a enseñar y aprender no puede desvincularse de la responsabilidad indelegable del Estado Nacional de garantizar condiciones dignas de trabajo, financiamiento adecuado y previsibilidad presupuestaria para el sistema universitario público.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas declaró hoy su preocupación frente a toda manifestación o medida que pudiera interpretarse como un condicionamiento institucional o presupuestario hacia las Universidades Nacionales en el marco del ejercicio de su autonomía y del desarrollo de conflictos gremiales legítimos.
Además, exigió el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en virtud de que el derecho a enseñar y aprender exige condiciones materiales adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas de las Universidades Nacionales.
El órgano de gobierno de la Facultad puso de manifiesto su compromiso irrestricto con la defensa de la UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA, LAICA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD, entendida como Derecho Humano, bien público social y pilar fundamental de la democracia argentina.
En los fundamentos de la iniciativa, las consejeras y los consejeros dejaron sentado que la Universidad Pública Argentina constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático nacional y que la autonomía universitaria y el cogobierno son principios constitutivos del sistema universitario argentino, garantizando la capacidad de las Universidades Nacionales para definir sus políticas académicas, institucionales y administrativas sin injerencias externas.
Añadieron que las Universidades Nacionales no deben ser concebidas desde una lógica administrativa o de prestación de servicios, sino como comunidades democráticas de enseñanza, investigación y extensión comprometidas con la producción de conocimiento, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática del país.
En ese sentido, manifestaron que el derecho de huelga y la libertad sindical se encuentran garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Y agregaron que las medidas gremiales impulsadas por la docencia universitaria y preuniversitaria y el sector nodocente de las Universidades Nacionales se desarrollan en el marco de un profundo deterioro salarial y presupuestario que afecta gravemente las condiciones materiales de enseñanza, investigación y extensión, así como el funcionamiento institucional de las universidades públicas de todo el país.
En ese marco, consideraron preocupante el pronunciamiento de discursos oficiales que caracterizan las medidas de fuerza como un supuesto “abuso del derecho de huelga”, ya que el sostenimiento efectivo del derecho a enseñar y aprender no puede desvincularse de la responsabilidad indelegable del Estado Nacional de garantizar condiciones dignas de trabajo, financiamiento adecuado y previsibilidad presupuestaria para el sistema universitario público.