Desde la Facultad de Ciencias Humanas sostenemos que la educación debe ser una prioridad nacional y una política de Estado en pos de construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
Como institución formadora de docentes, nos pronunciamos en contra de políticas que:
- desvaloricen a la Educación como Derecho Humano fundamental y prioritario;
- renuncien a la responsabilidad de financiación que tiene el Estado para garantizar la educación como derecho universal;
- consideren a la Educación como una mercancía y no como un bien social;
- consideren a la familia como agente natural y con derecho “preferente” a elegir la educación de sus hijas e hijos, abandonando los principios de la educación común e igualitaria;
- promuevan la educación privada y modelos educativos que prioricen los derechos individuales, en oposición a la educación como bien común;
- desfinancien y prescriban formas alternativas de educación con engaños en los instrumentos de financiamiento (vales educativos, créditos fiscales u otros equivalentes);
modifiquen el ingreso, permanencia y remoción de cargos en la Carrera Docente a través de una evaluación en función de criterios arbitrarios (compromiso institucional, resultados de aprendizaje de las alumnas y alumnos, aportes a la mejora institucional);
modifiquen las funciones de las/os Directoras/es e incorporen la creación de un Consejo Escolar de Padres que intervenga en asuntos estratégicos, pedagógicos y de control, desacreditando saberes propios de la formación docente.
En suma, nos manifestamos en contra de cualquier iniciativa que ponga en riesgo la gratuidad, obligatoriedad, laicidad, estabilidad y autonomía del ejercicio docente, y la construcción de la escuela como un espacio de ciudadanía democrática y emancipación social.
Por todo lo expuesto, exigimos la defensa irrestricta de los principios de universalidad y no regresividad en materia de Derechos Humanos, y la preservación de la Educación Pública como el único garante capaz de asegurar la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas que habitan la Nación Argentina.
Desde la Facultad de Ciencias Humanas sostenemos que la educación debe ser una prioridad nacional y una política de Estado en pos de construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
Como institución formadora de docentes, nos pronunciamos en contra de políticas que:
- desvaloricen a la Educación como Derecho Humano fundamental y prioritario;
- renuncien a la responsabilidad de financiación que tiene el Estado para garantizar la educación como derecho universal;
- consideren a la Educación como una mercancía y no como un bien social;
- consideren a la familia como agente natural y con derecho “preferente” a elegir la educación de sus hijas e hijos, abandonando los principios de la educación común e igualitaria;
- promuevan la educación privada y modelos educativos que prioricen los derechos individuales, en oposición a la educación como bien común;
- desfinancien y prescriban formas alternativas de educación con engaños en los instrumentos de financiamiento (vales educativos, créditos fiscales u otros equivalentes);
modifiquen el ingreso, permanencia y remoción de cargos en la Carrera Docente a través de una evaluación en función de criterios arbitrarios (compromiso institucional, resultados de aprendizaje de las alumnas y alumnos, aportes a la mejora institucional);
modifiquen las funciones de las/os Directoras/es e incorporen la creación de un Consejo Escolar de Padres que intervenga en asuntos estratégicos, pedagógicos y de control, desacreditando saberes propios de la formación docente.
En suma, nos manifestamos en contra de cualquier iniciativa que ponga en riesgo la gratuidad, obligatoriedad, laicidad, estabilidad y autonomía del ejercicio docente, y la construcción de la escuela como un espacio de ciudadanía democrática y emancipación social.
Por todo lo expuesto, exigimos la defensa irrestricta de los principios de universalidad y no regresividad en materia de Derechos Humanos, y la preservación de la Educación Pública como el único garante capaz de asegurar la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas que habitan la Nación Argentina.